Del postconflicto al ecoturismo: romantizando la visión 2030

 

De izquierda a derecha: Santuario flora y fauna (SFF) Iguaque, Parque Nacional Natural (PNN) Tayrona, PNN Cocuy, PNN Chingaza, PNN Sierra Nevada de Santa Marta, PNN El Tuparro (Fotografías de la autora)

Lina Marcela Rodríguez Mancilla
Bióloga, especialista en planeación ambiental
Estudiante, Maestría en Desarrollo Rural
Universidad Nacional, Costa Rica
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Número 9
Publicado: 19 de noviembre de 2021


Hace un poco más de un mes retomé mis planes de senderismo y fui a parar al Parque Nacional Natural Chingaza, a hora y media de Bogotá (Colombia) y, sin saberlo, llegué a uno de los lugares que con, muy escasos recursos, ha venido desarrollando ecoturismo desde hace unos 40 años. Allí conocí a José, un joven de 27 años quien, con su alegría y charla de turismo con enfoque territorial, cautivó mi atención. José es excombatiente y su vida durante 5 años fue el “chupar monte” como él lo describe; en el marco de las negociaciones del proceso de paz sucedidas en Colombia, en 2016, llegó a Chingaza para quedarse.  

El parque Nacional Natural Chingaza es una de las 58 áreas que hacen parte del Sistema Nacional de Áreas protegidas (SINAP), administradas por la unidad de Parques Nacionales Naturales (PNN) y, de las cuales, 28 áreas están actualmente dispuestas para la actividad de Ecoturismo. En éstas, dicha unidad ha venido trabajando desde 2013 para su ordenamiento, reglamentación y monitoreo del desarrollo de esta actividad.

Por otra parte, en 2020, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo lanzó la “Política de Turismo Sostenible: Unidos por la Naturaleza", la cual reconoce la importancia que el turismo contribuya a la conservación de la biodiversidad, paisajes, ecosistemas, recursos naturales y culturales. Asimismo, presentó un plan estratégico al año 2030 para su implementación, con el fin de ir de la mano con la agenda internacional de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Se espera que, a 2030, llegue a consolidarse en Colombia el ecoturismo como actividad productiva sostenible.

Muchas de estas áreas protegidas a nivel nacional eran antes territorios solo explorados por integrantes de grupos al margen de la ley. Los miembros de estos grupos reconocen estos territorios, conocen sus rutas, de alguna u otra manera han rescatado saberes ancestrales en cuanto a etnobotánica y restauración. Su conocimiento en fauna y flora es increíble, reconocen huellas, marcas, heces fecales, cantos de aves y demás. En este corto tiempo de postconflicto, algunos de los miembros que se acogieron al acuerdo de paz hacen parte de investigaciones en biodiversidad lideradas por universidades públicas y privadas, y no van solo en calidad de guías de campo o “baquianos” como coloquialmente se les conoce, sino que lo hacen como coinvestigadores.

Fue un placer escuchar a José en el PNN Chingaza narrándole al visitante cómo funcionan los ecosistemas de páramo, su importancia en la provisión de “servicios ecosistémicos”, contándonos del vivero de especies nativas que había hecho en el patio de su casa. Particularmente me sorprendió cuando nos habló de la importancia de la participación comunitaria para garantizar el éxito de procesos de restauración y de cómo ya había vinculado varios jóvenes locales en el tema de la restauración de páramos, quienes ya eran parte de la familia de guías, gracias a él. En un día junto a José, como guía aprendí de secretos y pensamientos heredados de la cultura Muisca y Guayupes, pueblos indígenas que resguardaban el PNN Chingaza.

Durante mi visita, observé cómo los mismos guardabosques que llevaban 20 años trabajando en la zona, y que están vinculados con PNN y la Corporación Ecoturística Comunitaria Chingaza (Corpochingaza), guardan respeto por José. Con muchos de ellos se saludó de fuerte abrazo, símbolo de aprecio, quizás por su conocimiento y humildad. Y lo más interesante es que a ninguno (y me incluyo) le importaba su pasado, porque para ellos José ya era parte de la comunidad de guías avalados, quien con su gran sonrisa cautivaba a comunidad y a visitantes.  

La historia de José llega al corazón de muchas personas. Sin embargo, la mayoría de reinsertados con iniciativas en ecoturismo no ha podido contar su historia. Según los datos reportados por la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, a 2019, en el marco del proceso de paz. se registraron 13 proyectos ecoturísticos planificados. De éstos, llegaron a implementarse solamente dos, que se enfrentaron a varios impedimentos, tales como la ausencia de recursos financieros, la inadecuada o insuficiente asistencia técnica y un problema de oferta. Otros se quedaron en el proceso, debido a que, para acceder a fondos del Estado para beneficio de este tipo de proyectos, se debe entrar a una tramitología compleja y de largo tiempo.

Por más que se romantice al ecoturismo en época de postconflicto en Colombia, hay que tener presente que su nicho turístico puede llegar a ser insuficiente para generar una fuente de ingresos consistente para los excombatientes, aportando turistas coyunturalmente, en temporadas altas o los fines de semana. Así las cosas, esta actividad debería combinarse con otras fuentes de ingreso como agricultura o ganadería y jugar a “no tener los huevitos en una sola canasta”. Sin embargo, lo que más ha llevado a la deserción de este tipo de proyectos es que, a 2021, no hay progreso en las negociaciones de paz, tanto con los combatientes no desmovilizados como con otros grupos activos al margen de la ley. Este entorno de inseguridad preocupa a los desmovilizados, que han sufrido represalias contra ellos y contra la gente de la comunidad o instituciones que les han apoyado.

Tras la firma del acuerdo de paz entre las dos partes del conflicto, se esperaba un mayor ingreso económico para el país gracias al atractivo paisajístico y la oferta en materia cultural, de aventura, de bienestar y salud, de las 28 áreas protegidas; generando de igual forma fuentes de empleo, inclusión social y vinculando a estos proyectos a las comunidades que hacen parte de estas zonas. Sin embargo, el futuro es algo desalentador teniendo en cuenta los resultados: dos proyectos en cinco años de firma de los acuerdos de paz, para más de 260 000 reinsertados que le apostaron al ecoturismo como nuevo estilo de vida.

Ahora bien, una cosa son los excombatientes como promotores de proyectos fundamentados en ecoturismo y otra muy diferente es brindar seguridad al turista en territorios que llevan más de 50 años en conflicto armado. De alguna manera, los acuerdos de paz brindaron al turista (sobre todo extranjero) garantías de seguridad en Colombia. Pero los efectos negativos de la pandemia por COVID-19 y el estallido social que se revivió el pasado marzo de 2021, colocan en desventaja el crecimiento y diversificación del ecoturismo, dejando sin garantías a los promotores y al turista.

Colombia se desvía cada vez más de la tan anhelada meta de consolidar el ecoturismo como actividad productiva sostenible a 2030, descuidando temas relacionados con la seguridad, el ordenamiento y la gobernanza territorial, que ofrezcan garantías tanto al promotor de ecoturismo como al turista, y que son fundamentales para la planificación y gestión del turismo nacional.

A nivel institucional, existen dos factores que llegan a afectar claramente el panorama ecoturístico a 2030. Uno de ellos es el cambio de director de la unidad de Parques Nacionales Naturales, quien, finalizando el año 2020, llegó con un perfil de arquitecto especialista en gerencia de construcciones y magister en administración de empresas, totalmente alejado de la gestión y conservación de la red de áreas naturales protegidas. Por otra parte, la nueva política de turismo sostenible carece de relaciones interinstitucionales y deja de lado temas culturales (de competencia del Ministerio del Interior) y temas rurales (de competencia del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural).

El panorama a 2030 es totalmente desalentador. Colombia puede ir de la mano con la agenda internacional de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Es más, el ecoturismo le apunta a varios de sus objetivos. Pero trazarse una meta en torno a lineamientos internacionales va en contravía de las verdaderas necesidades y prioridades de cada una de las naciones, haciendo que esta meta llegue a ser ilusoria.

En estos años, se han tenido acercamientos a procesos de inclusión de las personas desmovilizadas al mercado laboral de manera digna, unos pocos de ellos en el sector turístico, como es el caso de José y Corpochingaza. Sin embargo, los mismos no se encuentran documentados y su éxito está netamente asociado con la voluntad y la decisión de cambio de los desmovilizados.

La situación actual frente al avance del proceso de paz en Colombia es grave. El centro de Paz, memoria y reconciliación, mencionó, a comienzos de 2021, que el abandono forzado de los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR), motivado por las amenazas contra la vida, desintegra el tejido comunitario e impacta negativamente el desarrollo de los proyectos productivos que, a punta de esfuerzo, han construido los excombatientes. Esto se ve claramente en los datos presentados previamente.

Para el ecoturismo, pensar quizás en un panorama 2050 sería menos desalentador. Esto daría más tiempo a que la política de turismo sostenible se afiance en los territorios y que, con los próximos gobiernos, se retomen los acuerdos de paz, haciendo la misma incluyente para personas desmovilizadas. A 2050 se podría apostar a eliminar las brechas entre la política nacional y los territorios, reforzando los casos donde se ha trabajado con comunidades locales,  articulando con el sector privado y público en temas que incluyan la conservación pero también temas organizacionales de manejo empresas turísticas y hoteleras, ordenanza del territorio, capacidades de carga, manejo de residuos y, finalmente, los fondos de inversión para aquellas iniciativas turísticas con propuestas de ganancias a largo plazo.

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