La reserva del río Cimitarra: una región esperanzadora con un futuro incierto

 


Río Cimitarra (Fuente: Agencia Prensa Rural, https://prensarural.org/spip/spip.php?article25280)

Diana Marcela Vega Martínez
Especialista en Zootecnia
Estudiante, Maestría en Desarrollo Rural
Universidad Nacional, Costa Rica
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Número 8
Publicado: 12 de noviembre de 2021


La Reserva campesina “Línea Amarilla”, ubicada en la región del río Cimitarra, se encuentra entre los departamentos de Antioquia, Bolívar y Santander, en Colombia. Fue primero Zona de Reserva Campesina (ZRC), convirtiéndose más tarde en la Asociación Campesina del Valle del río Cimitarra (ACVC), reconocida por el Estado colombiano a finales del siglo XX. La ZRC buscaba preservar la fauna y la flora silvestre de la región, en contraposición a las políticas de Estado, las cuales han sobrepuesto los intereses económicos por encima de la preservación del medio ambiente.

Durante el siglo pasado, en muchas regiones de Colombia se ha priorizado la producción de monocultivos, la ganadería y extracción de minerales sobre el cuidado ambiental. Este hecho generó la contaminación de fuentes hídricas, la destrucción de flora y fauna, la deforestación y el desplazamiento de especies nativas. Todo a raíz de la necesidad de extracción de materias primas como el oro y otros minerales, la producción agroindustrial como la ganadería y la producción agrícola extensiva de soya, maíz, palma y arroz; en su mayor parte, destinada a la exportación.  

 

La región del río Cimitarra estuvo permeada por la violencia entre las guerrillas y los paramilitares. Estos enfrentamientos generaron desplazamientos, asesinatos, masacres y contaminación ambiental. Igualmente, esta región fue usada por estos grupos para el cultivo de hoja de coca y como ruta para la exportación de pasta y base de coca. Esto generó el ingreso de grupos narcotraficantes a la zona (colombianos y extranjeros), a esto se le suma el desentendimiento del Estado sobre lo que pasa con la población en dicha zona del país; una situación reiterativa en el campo colombiano.

 

El aumento del número de desplazados llevó a muchas personas a trasladarse a esta región en búsqueda de un mejor sustento de vida. Los nuevos pobladores se vieron en la necesidad de adquirir tierra por la fuerza, invadiendo baldíos, talando bosques vírgenes, haciendo minería artesanal, sin los parámetros de cuidado hídricos y ambientales, así como practicando la caza furtiva.

 

Si bien esos procesos permitieron un crecimiento económico regional, el impacto ambiental fue evidente. Para ello, fue necesario el cuidado del medio ambiente a través de la organización de las comunidades en asociaciones como la ZRC y la ACVC, conformada por juntas de acción comunal (JAC), comités pesqueros, comité de la mujer, cooperativas y demás agrupaciones campesinas. Todas éstas, encargadas de promover e implementar normativas para la conservación de los recursos naturales y la vida, tanto de la comunidad, como de las especies que allí habitan.

 

Es así como el proceso de preservación ambiental de esta zona se ha hecho de la mano de la comunidad, generando herramientas de comunicación que informen a los pobladores y futuros allegados de la región, sobre la necesidad de cuidar y proteger el área. Además, se ha implementado la representación simbólica de una línea, por medio de pintura amarilla, en los árboles limítrofes de la zona, para hacer visible los linderos que eran y son necesarios cuidar.

 

Hay que mencionar que la conservación ambiental se vio frenada, en varias ocasiones, por las políticas estatales, debido a que la ZRC no tenía el apoyo completo del Estado y continuamente encontraron obstáculos en la implementación de acuerdos y estamentos por parte del gobierno nacional. Esto llevó a que, para hacer visible esta problemática, se organizaran marchas y manifestaciones por parte de la población. De esa cuenta, la ZRC, apoyándose en la Constitución del 1991 y la Ley 160 de 1994 (con su reglamentación 1777 de 1996), realizó la formalización de las zonas y asociaciones de reservas campesinas, logrando en 2002 el reconocimiento por parte del Estado.

Lamentablemente, el Estado, mediante la resolución 043 del 2003, revocó los permisos de consolidación de la reserva campesina. El Estado las consideró zonas de asentamiento guerrillero, judicializando a representantes de juntas de acción comunal (JAC) y de la ACVC, con la excusa de ser promotores o tener nexos con las guerrillas. En 2010, la ZRC volvió a tener reconocimiento estatal y las personas privadas de libertad fueron liberadas por falta de pruebas.

 

Debe mencionarse que esta reserva campesina ha sido objeto de disputa por parte de la comunidad, el Estado y las multinacionales. Los primeros, por medio de asociaciones, tratan de conservar bosques naturales, fauna y flora, contando con el apoyo de organismos internacionales, pero sin sostén de los entes gubernamentales. El segundo, el Estado, busca generar ingresos económicos por medio de los monocultivos y las concesiones a empresas extranjeras, direccionando las ganancias hacia las elites colombianas. El tercero, extrayendo recursos a cambio de capital económico, con el problema de que las ganancias no se invierten en las regiones donde se extraen recursos, sino que son redirigidas por el gobierno a su conveniencia.

 

Miremos el siguiente ejemplo: para generar más hectáreas de palma se necesita erradicar especies nativas de bosque y el desplazamiento de animales, práctica que fomenta tanto el Estado como las multinacionales. La única oposición es la población campesina, la cual se queja de la contaminación y las consecuencias que tiene esta práctica para la ZRC y la ACVC.

 

Sin embargo, la mayoría de estos reclamos no son tenidos en cuenta por el Estado. Aun si las quejas se magnifican y llegan a estamentos jurídicos estatales o internacionales, quienes se benefician de los monocultivos silencian a aquellos que han hablado, generándose desplazamiento forzado a comunidades enteras por parte de grupos armados ilegales, o asesinatos de líderes sociales.

 

Otra problemática presente en la ZRC es la lucha del Estado contra el narcotráfico y/o la producción de cultivo de coca en la región. La erradicación del cultivo se da por medio de la aspersión con glifosato, químico que contiene sustancias nocivas para la salud de los pobladores. En muchos países del mundo se ha restringido el uso de herbicidas y plaguicidas que contengan este químico por los riesgos para la salud y su posible influencia en la aparición de enfermedades cancerígenas. Pero en Colombia el uso del glifosato no está prohibido. Además, el mal manejo en la aspersión de ese químico produce contaminación en áreas cercanas al cultivo de hoja de coca como las fuentes hídricas, los cultivos tradicionales, la fauna y la flora.

 

Hasta el momento, hay dos situaciones que acontecen en la región del río Cimitarra. La primera es la lucha de la comunidad por medio de la ZRC y la ACVC para el cuidado ambiental y la conservación de los recursos naturales. En oposición se encuentran las políticas de Estado, que se centran en beneficiar a las elites nacionales y a las multinacionales extranjeras. Esto deja un ingreso económico a corto plazo, pero no genera políticas de cuidado ambiental funcionales a mediano y largo plazo.  

 

El cuidado del medio ambiente es fundamental para la conservación de los recursos naturales y el cumplimiento de los acuerdos de la Convención de París del 2016. Estas normativas traen beneficios económicos para los países firmantes, entre los que se encuentra Colombia. El objetivo de la Convención de Paris fue disminuir la producción de carbono a nivel mundial a menos de 2° durante el presente siglo, llegando posteriormente a una mitigación menor a 1,5°.

 

Las políticas ambientales colombianas actuales se están enfocando en la reducción de impuestos para las empresas nacionales o extranjeras, que disminuyan su producción de carbono y el incremento de tasas de consumo a personas o empresas que usen combustibles fósiles (petróleo y sus derivados). Así, Colombia espera para el 2030 generar una disminución de gases de efecto invernadero al 51% y para el 2050 tener una producción 0 de carbono. Para lograr lo anterior, el país tiene el reto de implementar políticas enfocadas al cuidado ambiental y la mitigación de gases de efecto invernadero en el trascurso de los próximos 30 años.

 

Si bien en Colombia se creó el Decreto 926 de junio del 2017, el cual busca mitigar los gases de efecto invernadero por medio de incentivos monetarios o descuentos en impuestos para personas o empresas, el Estado no ha frenado los megaproyectos de minería y monocultivo a nivel nacional. Esto es contraproducente para ayudar a disminuir las emisiones de carbono. Por ello, el panorama ambiental de este país para el 2050 no es positivo, dado que las políticas se enfocan en los intereses económicos sobre el cuidado ambiental.

 

El horizonte de oportunidades que tiene la reserva del río Cimitarra se reduce. El Estado sigue dando permisos de explotación minera, prima los monocultivos sobre la biodiversidad en flora y fauna, y hace caso omiso a la gestión ambiental de los campesinos. De esa cuenta, para el 2050, en la ZRC, las hectáreas de bosques protegidos disminuirán, la fauna y flora nativa estará en vía de extinción, y habrá contaminación de suelos y fuentes hídricas, lo que modificará la emigración de aves e insectos, afectando irremediablemente los ecosistemas.

 

Además, la continua fumigación de la zona con productos que contienen glifosato agrava aún más la salud de los pobladores de la región, a la vez que el uso continuo de esos químicos elevará el nivel de los gases de efecto invernadero. De igual forma, estos cultivos y actividades incrementarán la presencia de grupos armados ilegales en la zona, lo que perpetuará los desplazamientos masivos de campesinos y la ejecución extrajudicial de líderes sociales que luchen por los derechos ambientales.

 

Si bien es desalentador el futuro de la reserva campesina del río Cimitarra, debido al enfoque que tienen las políticas estatales actuales, el gobierno colombiano aún tiene la posibilidad de modificar normativas y leyes para preservar el medio ambiente y proteger el ecosistema de la región a futuro.

 

Todo sería distinto si dichas políticas se centraran en la preservación de las reservas naturales, en revocar los permisos a las multinacionales, en tomar medidas para controlar el cultivo y exportación de coca, y en hacer presencia constante del Estado en esta zona del país, para frenar las acciones de los grupos ilegales y proteger a la población. Si así ocurriera, la reserva campesina del río Cimitarra no solo se mantendría durante las próximas décadas, sino que también las reservas campesinas serían un modelo alternativo para mitigar las emisiones de carbono a nivel nacional, cumpliendo con lo firmado en la Convención de París.  

 

 

Referencias bibliográficas

 

Di Pietro, Simone. (2016). "Acuerdo de París: ¿Nuevos compromisos con el medio ambiente o nuevas oportunidades de negocio?». Contexto 5 (Diciembre), 197-205. https://doi.org/10.18634/ctxj.5v.0i.662.

Molina Portuguez, Andrés. (2011). "La zona de reserva campesina del valle del río Cimitarra: un ejercicio inconcluso de participación ciudadana y manejo colectivo del territorio". Cuadernos de Geografía: Revista Colombiana de Geografía, 20 (2), 21-33. https://doi.org/10.15446/rcdg.v20n2.27179

Quijano Mejía, Claudia, y Daniel Alfonso León. (2020). "Colonización campesina, identidad y acuerdos comunitarios: La Línea Amarilla como experiencia de protección del bosque". Territorios, 42-Esp., 1-23. https://doi.org/10.12804/revistas.urosario.edu.co/territorios/a.7650.

 

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