Las tres estaciones políticas de la naturaleza en Honduras, una noche sin amanecer aún
Río Olancho, Honduras (Fotografía del autor)
Carlos Alberto Alvarado Hernández
Licenciado en Ciencias Sociales
Estudiante, Maestría en Desarrollo Rural
Universidad Nacional, Costa Rica
Número 7
Publicado: 5 de noviembre de 2021
Mientras en América Latina se refuta el crecimiento económico como resultado del neoliberalismo, en Honduras ha retomado un nuevo auge de reformas, que profundizan el extractivismo de los recursos naturales, sin variaciones de un futuro cambio. En 2018, en el Foro Mundial de Pensamiento Crítico, reunido en Buenos Aires, Argentina, se vaticinaba una nueva ola de gobiernos progresistas, lo que se ha cumplido, en apariencia, en el continente. Sin embargo, a pesar de que éstos anunciaban otros horizontes, en estos gobiernos post-neoliberales encontramos continuidades y distintos matices en cuanto a la explotación de los recursos naturales.
En Honduras, la explotación de los recursos naturales sigue una ruta totalmente divergente. Un vistazo rápido que muestre los eslabones de continuidad en el tránsito de la jurisprudencia en tiempos neoliberales es importante para tener conciencia histórica. La primera estación de transformación en las leyes nacionales inicia con el cambio de modelo de desarrollo, en 1989, mediante la llegada de la nueva élite neoliberal, que reestructuró, ajustó y reformó el Estado. Este proceso constituyó un “Estado mínimo necesario”, óptimo para los tiempos de la privatización, descentralización y reordenamiento territorial. Fue un Estado que reestructuró el mercado de la tierra y que mercantilizó lo que encontraba a su paso como la salud y educación, con el fin discursivo de atraer la inversión de capital extranjero para aumentar la productividad y la exportación, como solución a los problemas de crecimiento económico y de pobreza.
La segunda estación representa una pausa mínima entre los años de 2007-2009. En este período, desde los cuestionamientos de los movimientos populares, se generó una veda de la tala del bosque por 10 años, la revisión a la Ley de minería de 1998 y las mediaciones vinculadas a la tenencia de la tierra en conflictos entre organizaciones campesinas y terratenientes. Sin embargo, el 28 de junio de 2009 dio al trasto con lo anterior y reinició el ciclo de extractivismo o la tercera estación. Para el año 2010, la concesión para la explotación del territorio nacional fue de un 71% de 112492 km2. Es decir, se incluyó todo tipo de reserva natural y solamente las zonas urbanas no se ofertaron en aquel momento.
El restablecimiento del ciclo extractivista post-golpe de Estado se encuentra en el marco de la construcción de un proyecto nacional de largo plazo como es el Plan de Nación 2010-2022 y la Visión de País 2010-2038. Este marco reorganiza, regenera la continuidad neoliberal y revitaliza la legislación en torno a la minería, energía y agua, buscando proporcionar “mejores condiciones” para la competitividad de Honduras en la atracción del capital internacional. La consigna gubernamental en 2011 fue “Honduras is Open for Business”. Así, el número de concesiones de territorios aumentó exponencialmente y, de igual forma, los conflictos socioambientales: en 2017, Honduras se convirtió en el lugar más peligroso del mundo para el activismo ambiental; una situación que no ha variado hasta la fecha.
Es difícil pensar que aún podría llegar a generarse propuestas más radicales para la explotación de los recursos naturales. Sin embargo, la aplicación la Ley Orgánica de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico, aprobada con mucha controversia en 2013, contiene lo inimaginable: el desmembramiento territorial, la fragmentación de la soberanía y la anulación de la institucionalidad voluntaria.
En la Ley de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), se enlistan una serie de “libertades” que no alcanza este documento a explicar, pero entre las cuales están: autonomía funcional y administrativa (Art. 3), tribunales autónomos e independientes (Art. 1), órganos jurisdiccionales que ejercen sus funciones de manera independiente (Art. 3, 14, 19, 41), libres de cualquier interferencia (Art. 20) y gozan de inmunidad los directivos en contra de acciones legales en el desempeño de sus funciones (Art. 19), establecen sus propios órganos de seguridad , inteligencia e investigación (Art. 22), régimen financiero (Art. 23) y fiscal independiente (Art 29, 32), que las autoriza a crear su propio presupuesto (Art 4), el derecho a recaudar y administrar sus tributos (Art. 31), entre otros elementos.
Un aspecto fundamental de las ZEDEs es que conlleva a una transitoriedad de la jurisprudencia laboral, migratoria, judicial, educativa, sanitaria, ambiental y de explotación de recursos naturales, mientras se generan sus propias “normativas”. La ausencia de un mecanismo de transparencia, auditoría y control democrático representa un auto golpe a la institucionalidad acumulada en Honduras, en nombre del crecimiento económico, empleo y desarrollo. Pero, a pesar de lo anteriormente enunciado, el gobierno “garantiza” que todo esto se encuentra en el marco del llamado planetario para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todos las ciudadanos gocen de paz y prosperidad para 2030.
Las tres estaciones de la larga noche neoliberal aún no avizoran el amanecer, sino la permanencia de la concepción de la naturaleza como objeto de extracción ilimitada y generador de riqueza. Hasta 2013, el capital internacional se beneficiaba de ostentosas concesiones y exoneraciones como condiciones indispensables. Sin embargo, existían algunos obstáculos para la inversión internacional, tales como las regulaciones ambientales inactivas intencionalmente, pero existentes, las cuales han sido la vía para que organizaciones no gubernamentales, movimientos comunales y populares, denuncien la destrucción del ecosistema, la violación de los derechos humanos, y los múltiples efectos sociales económicos y migratorios, resultado del extractivismo. Pero, justamente, lo que origina la innovación de convertir en más atractivo el territorio nacional para la inversión, es hacer desaparecer ese amparo legal y restringir la organización ciudadana existente y posible.
En las últimas décadas, los actores ciudadanos han logrado hechos ejemplares gracias a la presión y la movilización social. Por ejemplo, la condena a la empresa Minera Entremares, subsidiaria de la transnacional Glamis Gold Corporation, en 2012, por violentar preceptos legales establecidos en la legislación nacional, lo que posibilitó, en el imaginario, el castigo a la destrucción del ambiente y la afectación de la salud. Un segundo ejemplo es la condena al Estado de Honduras por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (2015), por el despojo de territorios de las comunidades Garífunas de Punta Piedra y Triunfo de la Cruz. Finalmente, el impacto mundial que tuvo el asesinato de Berta Cáceres en 2016, el cual ha obligado a que el sistema judicial funcione efectivamente, implicando a la cárcel a los criminales hechores y los autores intelectuales de mando intermedio.
La anulación de la institucionalidad, la promoción de la fragmentación de la soberanía y del territorio nacional son mecanismos para la explotación sin freno de los recursos naturales y, a la vez, una forma de evitar o reducir al máximo futuros conflictos ciudadanos de toda índole ya ejemplificados. No debe olvidarse que, las personas hondureñas residentes en las zonas especiales, podrían verse necesitados de un pasaporte para entrar, vivir y un permiso para laborar.
Las ZEDEs evitan este tipo bloqueos o complicaciones al permitirle tener sus propios tribunales autónomos e independientes, con su propia normativa y política ambiental. Además, facilitan condiciones para la expropiación forzada, sobre todo en espacios denominados sin densidad poblacional, no importando la resistencia individual o comunal. Y, por si fuera poco, tienen la capacidad de restringir la entrada de personas, mediante su propia política migratoria o “convenios de convivencia ciudadana” (Art. 10), en nombre de la seguridad.
Actualmente, la información disponible revela que las ZEDEs se ubican en la zonas costeras del Océano Pacífico y el Mar Caribe. En estos lugares, existe explotación de gran capital bananero y palma africana, son regiones turísticas por excelencia e importantes centros industriales. Sin embargo, no se puede desconocer que en dichos espacios también existen denuncias de ubicación pistas de aterrizaje y narcolaboratorios. Ni la policía, las Fuerzas Armadas, la Agencia Técnica de Investigación Criminal y la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico podrían investigar o actuar allí. Por tanto, estas zonas especiales son potencialmente territorios convertibles en centros de almacenamiento, lavado de activos y paraísos fiscales, todos legalmente reconocidos. Por otra parte, al existir conflictos de cualquier índole, la discreción que posee el orden directivo para proponer a los jueces de las ZEDEs, favorece la discreción y anula la independencia de la Corte Suprema de Justicia, de modo que, cualquier apelación al derecho nacional, local o internacional, se verá cooptada legalmente.
Los defensores del ecosistema, al consolidarse las ZEDEs, se encontrarán en un contexto legal adverso, con justicia parcializada favorable al destierro y el encierro, sin regulación, monitoreo, auditoría social y control. Es decir, prácticas de una ciudadanía democrática, al estilo de las series de ficción de Hollywood. Sin embargo, los ciudadanos residentes, debido a sus vínculos culturales, políticos y familiares en una situación de ese tipo, podrían llegar a ser una bomba de tiempo para una explosión social. A esto, es importante mencionar que las movilizaciones en contra de las ZEDEs han aumentado su convocatoria, realizando movilizaciones ciudadanas con mayor frecuencia en distintos puntos del país. Un proceso de concienciación ha tomado fuerza, arraigado a la identidad y la soberanía nacional. No se ha dicho la última palabra. Y, por otra parte, el proceso electoral de noviembre del presente año será crucial porque posiblemente canalice el descontento, sobre todo, al existir tres partidos políticos de cuatro, con opciones reales de triunfo, a favor de derogar las zonas de empleo.
Por ahora, una larga noche extractivista es la ruta de Honduras en torno a los recursos naturales. Lo que es totalmente diferente y, lejos del reconocimiento, de los derechos Pacha Mama de la jurisprudencia de Ecuador, en 2008. La democracia y el sustento de la vida humana y no humana están en juego. Por consiguiente, lo mínimo de esperar para los próximos años es el aumento de los conflictos socioambientales y de la esperanza de que, un cambio en las próximas elecciones presidenciales y legislativas, proporcione una transformación en la correlación de fuerzas existente en el Estado. Mientras tanto, serán las comunidades, las organizaciones indígenas, étnicas, populares y ambientales las que se aferrarán a la defensa de la madre naturaleza y de la vida.
Referencias bibliográficas
IDAMHO-OXFAM (2012), “La Mina San Martín en el Valle de Siria: Exploración, explotación, y cierre: impactos y consecuencias”. Recuperado el 25 de octubre de 2021 de: https://honduras.oxfam.org/mina-san-martin
Gobierno de Honduras (2011), “Honduras is Open for Business”. Recuperado el 25 de octubre de 2021 de: http://www.consuladohonduras.ca/open.pdf
Gobierno de la República de Honduras, Decreto No. 120-2013, Ley Orgánica de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) (2013). Recuperado el 25 octubre de 2021 de: https://www.tsc.gob.hn/biblioteca/index.php/leyes/503-ley-organica-de-las-zonas-de-empleo-y-desarrollo-economico-zede
Global Witness, “Reporte sobre Honduras: el país más peligroso del mundo para el activismo ambiental (2017)”. Recuperado el 25 de octubre de 2021 de: https://www.globalwitness.org/en/campaigns/environmental-activists/honduras-el-país-más-peligroso-del-mundo-para-el-activismo-ambiental/